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February 13 2008 | GUATEMALA

Guatemala

Parliament officially revives death penalty after a six-year actual suspension

 
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FE

Guatemala reaviva la pena de muerte para detener altos índices de violencia

Carlos Arrazola

Guatemala, 12 feb  -  El Parlamento guatemalteco revivió hoy la pena de muerte, suspendida durante seis años por un conflicto de interpretación legal, para poner freno a la violencia que ha hecho de este país uno de los más inseguros de América Latina.
               La Ley Reguladora de la Conmutación de la Pena para los Condenados a Muerte fue promovida por el opositor derechista Partido Patriota (PP), con el objetivo de reducir los altos niveles de
violencia que, según datos oficiales, a diario se cobra la vida de 16 personas.
               Esas cifras, así como los cerca de 2.386 millones de dólares que cada año le cuestan a Guatemala los hechos de violencia, como mantiene un estudio publicado en 2006 por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, hacen de este país el tercero más violento de América Latina, superado solo por Venezuela y El Salvador.
               La pena de muerte fue retomada el pasado lunes por el general retirado Otto Pérez Molina, ex candidato presidencial del PP, quien la señaló como "la única medida para disuadir a los delincuentes".
           
   Sus declaraciones surgieron tras el incremento registrado en los últimos días de asesinatos de conductores de autobuses y transportes públicos, asaltos y extorsiones, por supuestos pandilleros juveniles.
               Estos hechos, que el Gobierno ha atribuido a grupos del crimen organizado que pretenden "generar ingobernabilidad", obligaron a las autoridades a incrementar los operativos contra la delincuencia en la capital guatemalteca y sus alrededores.
              
Desde el pasado fin de semana, unos 2.800 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), apoyados por 3.000 soldados y 50 policías de caminos patrullan todas las carreteras para evitar más hechos de violencia contra el transporte.
              
En lo que va del mes, al menos once choferes fueron asesinados, decenas han renunciado a continuar trabajando y el servicio de transporte público fue suspendido en varias zonas de la ciudad.
               Como resultado de los operativos realizados por las fuerzas de seguridad, más de 350 supuestos delincuentes fueron capturados, pero
los tribunales los han liberado horas después, por falta de evidencias en su contra.
              
La diputada del PP Roxanna Baldetti declaró a la prensa, tras la aprobación de la nueva ley, que la pena de muerte "es necesaria para castigar a los delincuentes que cometen delitos contra la sociedad", y que actúan con impunidad debido a la debilidad del sistema de justicia del país.
               Con esta ley, señaló Baldetti "le estamos dando un instrumento disuasorio al Gobierno para que estos criminales sepan de una vez por todas que la ley se va a aplicar como corresponde".
               La ley restituye al presidente del país la facultad de conceder o rechazar las peticiones de "gracia" presentadas en última instancia por los reos condenados a la pena capital, suspendida desde mediados de 2002.
               La Corte de Constitucionalidad -máximo tribunal de este país-, a solicitud del entonces presidente, Alfonso Portillo, atendió una demanda de inconstitucionalidad contra la aplicación de la máxima pena, porque la ley que la contempla, que data de 1892, no precisaba
qué autoridad debía conocer los recursos de gracia.
              
En ese fallo, la Corte ordenó al Parlamento enmendar la ley y precisar, por medio de una normativa penal, qué autoridad debía tener la última palabra al respecto.
              
Los 34 reos condenados a muerte en la actualidad -en su mayoría por delitos de asesinato, secuestro y violación sexual- tendrán un plazo de 30 días, a partir de que la ley cobre vigencia, tras su publicación, para solicitar "la gracia presidencial".
               El secretario de Comunicación de la Presidencia, Ronaldo Robles, dijo a Efe que "cuando se presenten las solicitudes de indulto, el
presidente (Álvaro Colom), las examinará y si se determina que debe aplicarse la pena de muerte, tendrá que aplicarse tal y como lo establece la ley".
               Colom, que declaró su oposición a la pena durante la campaña electoral que lo llevó al poder, el pasado 14 de enero, "es respetuoso de la Ley y asumirá su responsabilidad tal como se
establece" en la norma, agregó Robles.
               Los últimos reos a quienes se les aplicó la pena capital en Guatemala fueron Amílcar Cetino y Tomás Cerrate, en junio de 2000, condenados por los delitos de asesinato y secuestro de una empresaria.
               Guatemala, Cuba y Estados Unidos son los únicos países del continente americano que contemplan la pena de muerte como máxima
condena penal.
 

AMÉRICA-PENA DE MUERTE - Panorámica

Guatemala se suma a EE.UU. y Cuba en aplicación de la pena de muerte

Bogotá, 12 feb (EFE).- Guatemala reactivó hoy la pena de muerte al resolver un vacío legal que tenía en suspenso la aplicación de esta condena desde el 2002, con lo que se suma a Estados Unidos y Cuba, los únicos países de América que aún imponen este castigo.
               En el mundo 69 países, en su mayoría asiáticos y de Oriente
Medio, aplican la pena capital para los delitos comunes.
               El Parlamento guatemalteco aprobó hoy una ley que restituye al jefe de Estado la potestad de conceder o no el "recurso de gracia" a los condenados a muerte, lo que pone fin al vacío jurídico planteado en 2002 por el entonces presidente Alfonso Portillo.
               En ese año la Corte de Constitucionalidad decidió, a solicitud de Portillo, dejar en suspenso la aplicación de la pena máxima al considerarla inconstitucional, ya que la ley no precisaba cuál
autoridad debía conocer los recursos de gracia.
              
En ese fallo, la Corte ordenó al Parlamento enmendar la ley y precisar cuál autoridad debía tener la última palabra al respecto, algo que hizo hasta ahora por iniciativa del opositor Partido Patriota (PP, de derecha).
              
Con la entrada en vigencia de la ley aprobada hoy, el presidente Álvaro Colom, quien durante la campaña electoral se declaró abolicionista de la pena capital, tendrá que decidir el futuro de los 34 reos que permanecen en el corredor de la muerte.
               Hasta ahora las últimas penas de muerte aplicadas en Guatemala fueron las de Amílcar Cetino y Tomás Cerrate, en junio de 2000, por el asesinato y secuestro de una empresaria.
               En América, aunque muchos países contemplan la pena de muerte en
su legislación, ésta no se aplica desde hace años o décadas.
               Estados Unidos es el país del continente que sobresale por la aplicación de este castigo, restablecido por el Supremo en 1976, fecha desde la cual se han llevado a cabo 1.099 ejecuciones.
              
Sin embargo, en diciembre pasado Nueva Jersey se convirtió en el primer estado de EE.UU. en abolir la pena de muerte, y hace apenas cuatro días la ejecución en la silla eléctrica quedó desterrada, después de que dicho método fuera declarado anticonstitucional en Nebraska, el único estado que usaba dicho artefacto.
               La ejecución más reciente en Estados Unidos fue el 25 de septiembre de 2007, cuando Michael Richard, de 49 años, recibió en
Texas la inyección letal.
               Actualmente hay más de 40 condenados a muerte en EE.UU. a la espera de que se resuelva una moratoria de facto instaurada el año pasado para determinar si la ejecución mediante inyección letal es un "castigo cruel e inusitado" que viola las garantías
constitucionales.
               El 18 de diciembre de 2007, el plenario de la Asamblea General de
la ONU adoptó una resolución impulsada por la Unión Europea (UE) que, por primera vez, insta a la declaración de una moratoria internacional en la aplicación de la pena de muerte.
              
La resolución expresó la preocupación por la continuada aplicación de la pena capital e instó a los países que la mantienen en sus códigos penales a que "establezcan una moratoria de las ejecuciones con miras a abolirla".
              
Un informe de Amnistía Internacional (AI) de octubre pasado señaló que al menos 1.591 personas fueron ejecutadas y 3.861 condenadas a muerte en 2006 en el mundo.
               Además de EE.UU., Cuba y Guatemala, los países que mantienen la pena de muerte para delitos comunes en América, según AI, son: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Guayana, Jamaica, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tobago.
              
Puerto Rico, Estado Libre Asociado de EE.UU., prohíbe en su Constitución la pena capital, pero los casos juzgados por el Tribunal Federal en la isla son susceptibles de que se aplique, aunque para las ejecuciones los reos son trasladados a prisiones de Estados Unidos.
               Cuba aplicó por última vez la pena de muerte el 11 de abril de
2003, cuando fueron ejecutados Enrique Copello, Bárbaro Leodán Sevilla y Jorge Luis Martínez por el secuestro de una embarcación con unos 50 pasajeros a bordo.
               Desde entonces, la isla mantiene una "moratoria" de facto en la aplicación de la pena máxima.
               Por otro lado están las naciones que establecen la pena de muerte únicamente para delitos previstos en el código penal militar o los
cometidos en tiempos de guerra.
              
En Brasil la pena capital fue aplicada por última vez el 28 de abril de 1876, cuando el esclavo Francisco fue ahorcado en la plaza pública de la localidad de Pilar de Alagoas (noreste), mientras que en Colombia se remonta al 7 de mayo 1907, fecha en que fue fusilado por pirómano Manuel Saturnino Valencia.
               En Bolivia, la pena de muerte quedó abolida con la Constitución de 1967 y fue eliminada del Código Penal con la reforma de 1997.
               La Constitución peruana, aprobada en 1993 tras el auto-golpe del presidente Alberto Fujimori (1990-2000), establece la pena de muerte para el delito de terrorismo y de traición a la patria, aunque dicha sanción no se ha aplicado en las últimas décadas.
               Frente a los países donde aún rige la pena capital, está el grupo de los abolicionistas, formado por Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
 

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