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10 Agosto 2008 | ARGENTINA

Argentina

Cancellata la pena capitale anche nel codice militare

 
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LA NACION

Cambios castrenses: el Senado convirtió en ley un nuevo sistema de disciplina
Derogaron el código de justicia militar
Será reemplazado por un régimen sin pena de muerte y que permite juzgar a los miembros de las FF.AA. en el fuero federal

 Por Gustavo Ybarra - El Senado sancionó ayer la ley que deroga el código de justicia militar.
El paso dado por la Cámara alta constituye un hecho histórico, ya que implica la eliminación del último vestigio que quedaba en el ordenamiento jurídico vigente en la Argentina que contemplaba la pena de muerte, castig rechazado por la Convención Americana de Derechos Humanos, que se encuentra incorporada a la Constitución nacional desde la reforma de 1994.
A partir de la promulgación de la ley, los efectivos de las Fuerzas Armadas serán juzgados por la justicia federal, en acuerdo con los códigos Penal y Procesal Penal y ya no por sus pares, como lo establecía el código de 888 artículos aprobado en 1951-aunque desde entonces sufrió varias modificaciones-, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón.
La nueva norma fue aprobada por unanimidad en general (había 60 presentes), pero con algunas objeciones en su debate en particular a uno de los cinco anexos que establecen reglamentos de nivel inferior y para casos específicos. El más cuestionado es el Anexo III, que contempla el procedimiento especial de instrucciones para la población civil en tiempos de guerra y de conflictos armados.
El bloque radical, el socialismo y la Coalición Cívica cuestionaron e hecho de que este régimen faculte a oficiales y responsables de destacamentos a emitir instrucciones por bandos militares de cumplimiento obligatorio por la población civil.
"Esto es contradictorio con la ley de defensa nacional, que establece bien claro cuáles son las situaciones en las que deben actuar las Fuerzas Armadas", afirmó el radical Luis Naidenoff (Formosa).
El senador de la UCR también advirtió que deberíamos "ser cautos cuando hablamos de conflictos armados en un país con la historia reciente de la Argentina", en clara alusión a los excesos y violaciones de los derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar.
Por su parte, el socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe) también cuestionó que el nuevo régimen contemple el concepto de obediencia debida para los actos cometidos por oficiales de rango inferior. Esto fue rechazado por la titular de la Comisión de Defensa, María Perceval (PJ-Mendoza), que recordó que ese argumento de defensa quedó eliminado tras la declaración del Congreso de inconstitucionalidad de las leyes de punto final y de obediencia debida.
En cuanto a las objeciones al anexo sobre instrucciones a la población civil, la senadora mendocina aclaró que en la ley de defensa nacional se establece que siempre que se habla de conflicto armado se hace referencia a situaciones de enfrentamiento bélico internacional y de guerra.
Los mayores cambios Con la aplicación de la nueva ley, desaparecerá del sistema jurídico argentino el último bastión de la pena de muerte. Este castigo extremo se encontraba contemplado en el código de justicia militar derogado ayer por el Congreso para los casos de faltas graves, como traición a la patria. Es más, en su articulado se permitía la ejecución de esa pena con deshonra para el culpable: en ese caso, el reo era degradado y fusilado por la espalda.
El caso más resonante de un militar fusilado fue el del general Juan José Valle, cabecilla del levantamiento militar de junio de 1956 contra la Revolución Libertadora que había derrocado a Perón. Sin embargo, esta ejecución y la de otros 25 militares en actividad y retirados se concretó en virtud de la aplicación, con retroactividad, de la ley marcial sancionada por el entonces presidente Pedro Aramburu.
Entre los cambios se destacan la posibilidad de que el acusado pueda tener acceso a las pruebas del delito que se le imputa y, más importante aún, la de elegir un abogado matriculado. Hasta ahora, la defensa de un efectivo la debía ejercer un camarada del imputado. "Nuestra legislación penal militar era absolutamente incompatible con nuestro sistema jurídico", sentenció, al respecto, Rubén Marín (PJ-La Pampa), miembro informante del bloque oficialista.
Además de derogar el reglamento penal militar, la ley sancionada ayer contiene anexos destinados a reglar situaciones específicas, como el juzgamiento de delitos en tiempos de guerra, y un código de disciplina para las Fuerzas Armadas.

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