Es un avance para la votación definitiva del próximo diciembre

El 18 de noviembre de 2024, la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución sobre la moratoria de la pena de muerte con 131 votos a favor, 36 en contra, 21 abstenciones y 5 ausentes. Se trata de un resultado histórico, con cinco votos a favor más que en 2022 y con un número mínimo de ausentes y abstenciones, que en conjunto se han quedado en 26. Desde la primera votación de 2007, cuando los votos a favor eran 104 y los votos en contra, 54, ha aumentado considerablemente el consenso global, algo que refleja un cambio de punto de vista de muchos países.

Este año, por primera vez, Zambia, Kenya y Zimbabue han votado a favor de la moratoria, una señal importante del creciente auge abolicionista en el África subsahariana, que se confirma como uno de los principales motores de cambio a nivel global.

Aunque no tiene carácter vinculante, la resolución representa un importante mensaje simbólico: pide una suspensión temporal de las ejecuciones y es adoptada por una asamblea en la que todos los estados del mundo tienen voz. Este año, un elemento relevante ha sido el rechazo de una enmienda que propugnaba el derecho soberano de los estados a determinar sus propias leyes penales, incluida la pena de muerte. Este rechazo destaca que la defensa de los derechos humanos está asumiendo una prioridad cada vez mayor respecto a las reivindicaciones de soberanía en materia penal.

La próxima cita crucial será la votación de la Asamblea General, prevista para diciembre de 2024, que podría consolidar aún más la tendencia hacia la abolición universal. Pero antes, Roma acogerá el 14 Congreso Internacional de Ministros de Justicia, organizado por la Comunidad de Sant’Egidio los días 28 y 29 de noviembre.

Desde 2006 estos congresos son un punto de referencia para el diálogo sobre la abolición de la pena de muerte. Reúnen a ministros, juristas, activistas y miembros de la sociedad civil de países abolicionistas y retencionistas, y son una oportunidad única para compartir experiencias, desarrollar estrategias legislativas y construir redes internacionales. En un contexto global marcado por conflictos y por la devaluación de la vida humana, estos encuentros mantienen alta la atención sobre el tema y proporcionan apoyo concreto a los países retencionistas para poner en marcha reformas y a los abolicionistas para resistir a las presiones por reintroducir la pena capital.