El caso

Casey McWorther nació en 1974 y lleva 30 años detenido en el corredor de la muerte de Holman (Alabama, EEUU).

Fue condenado a muerte por el homicidio en 1993 de Edward Lee Williams, cometido durante un robo dos semanas antes de cumplir 18 años.

Los jueces de Alabama aplicaron la ley considerándolo ya mayor de edad y, por tanto, adulto condenable a la pena capital, sin tener en cuenta su juventud y su menor capacidad de juicio por efecto del consumo de estupefacientes. Los otros dos cómplices, también menores en el momento del homicidio, cumplen cadena perpetua después de haber llegado a un pacto.

En las últimas semanas Casey McWorther ha reflexionado aún más sobre su vida antes del homicidio, sobre su vida en la cárcel y sobre sus ideas respecto a la ejecución. Varias conversaciones con su consejero espiritual, al reverendo Jeff Hood, se han publicado en un libro: The Casey McWhorter Tapes, que pronto se podrá comprar en Amazon.

La ejecución debería llevarse a cabo por inyección letal, pero el Tribunal Supremo, ya en el caso anterior de Kenneth Eugene Smith, determinó en mayo de 2023 que, si no se podía utilizar la inyección letal, la ejecución se podría llevar a cabo mediante la denominada hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en sustituir el oxígeno del aire por nitrógeno, provocando así la muerte por asfixia.  El nitrógeno ha sido aprobado como método de ejecución en tres estados: Alabama, Misisipi y Oklahoma. Su uso como alternativa a las inyecciones letales se planteó en 2015 en Oklahoma, porque las autoridades no podían comprar los fármacos que utilizaban para las inyecciones letales a causa del boicot de las empresas farmacéuticas internacionales. No obstante, actualmente  se evita utilizar el nitrógeno para sacrificar a los animales porque es muy doloroso; además, nunca se ha utilizado para los seres humanos. Su uso en las ejecuciones significaría un experimento en humanos que está éticamente prohibido.  Por otra parte, el protocolo sobre el uso de nitrógeno en las ejecuciones, publicado recientemente en Alabama, revela, según muchos observadores, que el Estado no sabe el sufrimiento que experimenta el condenado y que puede representar una pena cruel e inusual, que entra en conflicto con la octava enmienda de la Constitución.