Para Estados Unidos, 2021 fue el séptimo año consecutivo con menos de 30 ejecuciones y menos de 50 nuevas condenas a muerte. De las 45 ejecuciones previstas para 2021, solo 11 se llevaron a cabo. Además, por primera vez, un estado sureño, Virginia, abolió la pena capital, y este es un hecho emblemático de cómo la pena de muerte está perdiendo terreno en el país. Por último, se ha impuesto una moratoria a las ejecuciones federales, lo que debería allanar el camino para una revisión completa de la pena de muerte federal.

Sin embargo, algunos condados de estados norteamericanos que aún mantienen la pena de muerte, han reanudado la planificación y ejecución de sentencias de muerte, a menudo incluso en casos dudosos, de personas con discapacidades mentales y con evidentes violaciones del derecho a un juicio justo. En el caso de Bigler Stouffer (ejecutado el 9 de diciembre), el gobernador incluso rechazó la recomendación de la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma de conmutar la sentencia. Los métodos de ejecución se han ampliado en Arizona (donde el uso de cianuro de hidrógeno, el producto que utilizaron los nazis en las cámaras de gas, está permitido) y en Carolina del Sur (donde se ha recuperado el uso de la silla eléctrica) y algunos estados están tratando de obtener ilegalmente fármacos para ejecuciones que las compañías farmacéuticas les niegan. Se siguen dando casos de ejecuciones que causan terribles sufrimientos a los condenados, como el de John Grant, asesinado en Oklahoma el 28 de octubre.

En 2022 ya han ejecutado a tres condenados. El 17 de febrero, Gilbert Postelle, una persona discapacitada, con una enfermedad mental, que tenía 18 años en el momento del crimen, fue ejecutado en Oklahoma. En marzo-abril de 2022, están programadas otras 4 ejecuciones, incluida la de Melissa Lucio, la única mujer latinoamericana en el corredor de la muerte de Texas, condenada tras un juicio en el que no se admitieron importantes testigos a su favor.