Amnistía Internacional ha publicado su informe anual sobre la pena de muerte en el mundo, y ha puesto de manifiesto que en 2022 aumentaron de manera preocupante las ejecuciones. La cifra registrada, 883, es la más alta de los últimos cinco años. Cabe atribuir este incremento básicamente al aumento de condenas a muerte de la zona de Oriente Medio y el norte de África.

Según el informe, 20 estados llevaron a cabo condenas a muerte, mientras que solo 6 abolieron total o parcialmente la pena de muerte.
Aun así, cabe destacar que el número real de ejecuciones podría ser aún más elevado, ya que algunos países, como China, Corea del Norte y Vietnam, mantienen en secreto su aplicación. El área de Oriente Medio y África del norte ha experimentado el mayor aumento, con un total de 825 ejecuciones en 2022 respecto a las 520 de 2021.
En particular, Irán, Arabia Saudí y Egipto se han distinguido por su significativo número de ejecuciones. Arabia Saudí captó la atención con sus 81 ejecuciones en un solo día, el mayor número que Amnistía Internacional ha registrado en los últimos 30 años.

En 2022 se han reanudado las ejecuciones en cinco estados: Afganistán, Kuwait, Birmania, Palestina y Singapur. Se ha registrado un aumento de las ejecuciones respecto a 2021 en Irán (de 314 a 576), Arabia Saudí (de 65 a 196) y Estados Unidos de América (de 11 a 18).

El informe también revela que el 90% de las ejecuciones registradas (excluyendo a China) tuvieron lugar en tres países del área de Oriente Medio y África del norte: Irán, Arabia Saudí y Egipto. El aumento de ejecuciones por delitos asociados a las drogas marca una tendencia inquietante. En 2022, el número de personas ejecutadas por estos delitos se ha más que doblado respecto al año anterior. Esta práctica viola el derecho internacional de derechos humanos, que establece que las ejecuciones deberían limitarse a los «delitos más graves» como el homicidio intencionado.

A pesar de estos datos alarmantes, hay signos de esperanza. En 2022 seis países han abolido total o parcialmente la pena de muerte. Entre ellos, Kazajistán, Papúa Nueva Guinea, la República Centroafricana, Sierra Leona, Guinea Ecuatorial y Zimbabue.