Según los expertos, tanto de la acusación como de la defensa, tenía una discapacidad intelectual, y aun así se convirtió en la persona número 600 que es ejecutada en Texas desde 1982. La aplicación de la pena capital a Busby se puso en tela de juicio después de que el Tribunal de Apelación del 5º Circuito de Estados Unidos la semana pasada suspendiera la ejecución para revisar sus alegaciones de discapacidad mental.

Tanto un perito de la defensa como un experto del fiscal del condado de Tarrant determinaron que el imputado tenía una discapacidad intelectual. A pesar de ello, el Tribunal Supremo anuló la suspensión y permitió proceder con el asesinato estatal.

A las 20:11 del jueves 14 de mayo se declaró la muerte de Edward Busby Jr. por inyección letal en la penitenciaría estatal de Huntsville, pocas horas después de que un Tribunal Supremo dividido revocara la paralización de la sanción. El episodio tuvo lugar tras una serie de intentos legales del último minuto por parte de los abogados de Busby para salvarle la vida y conmutar su condena a muerte por una cadena perpetua.

La oficina del fiscal general de Texas exhortó al Tribunal Supremo a seguir con el proceso afirmando que su supuesta discapacidad intelectual “carecía de base” y no merecía más revisiones médicas porque “había prescrito”. Añadió que, por todo ello, “no podía tolerar el más mínimo aplazamiento”. Antes de que se ejecutara la condena, Edward Busby pidió perdón varias veces y se confió a Dios.

En la madrugada del mismo día, el jueves 14 de mayo, fue ejecutado otro condenado en Oklahoma: Raymond Johnson. Desde que empezó 2026 el Estado ha ejecutado a doce personas en Estados Unidos.