LISA MONTGOMERY, 53 AÑOS. HAN REPROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA EL 12 DE ENERO DE 2021

Condenado: Lisa Montgomery, 53 años
Fecha de ejecución: 13 enero 2021
Lugar de ejecución: Terre Haute, IN (Penitenciaría federal) - Estados Unidos

Lisa Montgomery, que actualmente tiene 53 años, está condenada a muerte por asesinar a una mujer embarazada de ocho meses para quedarse con la niña que llevaba en su seno. La niña sobrevivió y actualmente tiene 16 años.
Lisa siempre ha tenido problemas mentales que nunca han sido tratados y desde su infancia sufrió abusos sexuales en ámbito familiar. Según el Death Penalty Information Center, la última mujer que ajustició el gobierno federal fue Bonnie Heady, que fue ejecutada en la cámara de gas en 1953.

Más de 1000 abogados han firmado cartas pidiendo a Donald Trump que conmute la condena a muerte de Lisa en cadena perpetua, señalando su diagnóstico de grave enfermedad mental.

«Los lectores a menudo confunden la clemencia con el indulto en los casos de pena de muerte», afirma Sandra Babcock, profesora de derecho en la Cornell Law School y decana de facultad en el Cornell Center on Death Penalty Worldwide, que está trabajando para aplazar la ejecución de Montgomery y así sus abogados puedan presentar una petición de clemencia. «No pedimos que la absuelvan. Lo que pedimos es que sea perdonada», ha añadido.  Han pedido al juez que aplace la ejecución hasta el 31 de diciembre porque sus abogados se han contagiado con el covid-19.
A día de hoy las autoridades federales rechazan los elementos de prueba y de apelación en defensa de Lisa.  Sería la primera mujer que el gobierno federal ejecuta en los últimos 67 años.
Compartiendo el dolor de quien no puede dejar de sufrir por un crimen injusto y odioso, estamos firmemente convencidos de que no puede haber reparación alguna dando muerte a otro ser humano, una mujer en situación de máxima fragilidad. No existe justicia sin vida. No existe justicia si, ante el mayor de los males, no se tienen en cuenta las razones de la misericordia.
Pedimos que quienes pueden decidir la suerte de una vida suspendan la condena y, como sucede cada vez más en todo el mundo, consideren otras medidas alternativas existentes de justicia y clemencia.